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*(2012) El TSJ condena al Ayuntamiento de Valladolid por impedir una protesta con megafonía del Partido Antitaurino (Pacma)

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*(2012) El TSJ condena al Ayuntamiento de Valladolid por impedir una protesta con megafonía del Partido Antitaurino (Pacma)

Mensaje  Beavalencia el Dom 28 Oct 2012 - 18:37

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Los jueces imponen al Consistorio el pago de una indemnización de 1.000 euros por vulnerar el derecho de reunión





El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha condenado con una nueva sentencia al Ayuntamiento de la capital vallisoletana por vulnerar el derecho constitucional de manifestación, después de que decidiese mediante un decreto municipal del año 2010, impedir el uso de material de megafonía que iba a ser utilizado por el Partido Antitaurino contra el Maltrato Animal (Pacma), durante un acto reivindicativo. Los jueces interpretan que esta organización, creada en 2003, no pudo difundir sus proclamas de defensa de los animales.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo, de fecha 19 de octubre, revoca un anterior fallo dictado por la jueza de lo Contencioso número 1 que sí consideró acertada y ajustada a derecho la decisión del Consistorio de limitar el uso de los altavoces para no causar ruidos y molestias vecinales.

Ahora, los tres jueces del Alto Tribunal cuestionan esta decisión por transgredir un derecho fundamental, e imponen al Consistorio el pago de 1.000 euros al Partido Antitaurino, que había solicitado en su recurso una indemnización de 3.000 euros, además de las costas.

Los hechos enjuiciados se produjeron el 30 de agosto del 2010 cuanto el Pacma comunicó a la Subdelegación del Gobierno, entonces dirigida por el socialista Cecilio Vadillo, que iba a celebrar una manifestación para protestar por el Torneo del Toro de la Vega que tiene lugar cada mes de septiembre en Tordesillas.

El acto de protesta debía de celebrarse en Valladolid capital pero, sin embargo, el Ministerio del Interior no informó de los detalles del mismo al Ayuntamiento que preside Javier León de la Riva.

Según consta en la sentencia, la omisión de la comunicación fue utilizada por la Concejalía de Urbanismo y Vivienda, con competencias en esta materia, para dictar un decreto el 10 de septiembre en el que se imponían unas restricciones respecto al uso de la megafonía, argumentando «posibles interferencias acústicas que pudieran darse con las distintas programaciones de ese día».

En este sentido, los jueces cuestionan que el Ayuntamiento de Valladolid optase por imponer restricciones al Partido Antitaurino en su derecho constitucional a manifestarse, en vez de aplicar el principio «favor libertatis».

Llaman la atención además sobre la contradicción municipal de que mientras «se informó favorablemente por la jefa de Sección de Control Ambiental y por el Servicio de Ocupación de la Vía Pública, el Gabinete de Gobierno y Relaciones, servicio inequívocamente de perfil político, informase negativamente» sobre el acto.

Para justificar la condena municipal, el Tribunal Superior recuerda la jurisprudencia que sobre materia de derecho de manifestación ha venido dictando el Tribunal Constitucional.

«Son los titulares del derecho de reunión los que pueden decidir libremente qué instrumentos o vehículos materiales utilizan para hacer llegar su mensaje a los destinatarios. La posibilidad de emitir en el momento de la reunión mensajes escritos o verbales –amplificados por megafonía o no– por parte de los titulares del derecho es inescindible de este, por lo que cualquier prohibición, limitación o imposición gubernativa sobre este punto ha de incidir de modo ineludible sobre el derecho de reunión», dice el fallo del TSJ contrario al Ayuntamiento, a quien se imponen las costas judiciales por «su temeridad».al uso de la megafonía, argumentando «posibles interferencias acústicas que pudieran darse con las distintas programaciones de ese día».

En este sentido, los jueces cuestionan que el Ayuntamiento de Valladolid optase por imponer restricciones al Partido Antitaurino en su derecho constitucional a manifestarse, en vez de aplicar el principio «favor libertatis».

Llaman la atención además sobre la contradicción municipal de que mientras «se informó favorablemente por la jefa de Sección de Control Ambiental y por el Servicio de Ocupación de la Vía Pública, el Gabinete de Gobierno y Relaciones, servicio inequívocamente de perfil político, informase negativamente» sobre el acto.

Para justificar la condena municipal, el Tribunal Superior recuerda la jurisprudencia que sobre materia de derecho de manifestación ha venido dictando el Tribunal Constitucional.

«Son los titulares del derecho de reunión los que pueden decidir libremente qué instrumentos o vehículos materiales utilizan para hacer llegar su mensaje a los destinatarios. La posibilidad de emitir en el momento de la reunión mensajes escritos o verbales –amplificados por megafonía o no– por parte de los titulares del derecho es inescindible de éste, por lo que cualquier prohibición, limitación o imposición gubernativa sobre este punto ha de incidir de modo ineludible sobre el derecho de reunión», dice el fallo del TSJ contrario al Ayuntamiento, a quien se imponen las costas judiciales por «su temeridad».

«Consciente incompetencia»

La materia sobre la que se pronuncia en su sentencia la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Castilla y León (los derechos de reunión y manifestación) no es nueva para los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valladolid.

De hecho, los jueces recuerdan en su fallo sobre el Partido Antitaurino que el Consistorio «actuó con una consciente incompetencia», al tiempo que señalan que «no es la primera ni la segunda sentencia en la que tal circunstancia se le ha señalada al Ayuntamiento de Valladolid».

Y es que esta misma Sala judicial ha tenido que reconocer en los últimos dos años el derecho de varios colectivos ciudadanos frente a las actuaciones de servicios municipales, incluidos miembros de la Policía Local. Fallos con vulneración de derechos fundamentales, como son la libertad de expresión, reunión y manifestación a los que se ha puesto dificultades para su ejercicio.

En octubre del 2010, el TSJ condenó al Ayuntamiento a pagar 30.294 euros al sindicato CGT, por considerar ilegal el desmantelamiento de un campamento hecho con motivo de la Huelga General del 29 de septiembre de ese año.

También en diciembre del 2010, otro juez condenó al Consistorio por impedir otro acto contra el Hambre y el Paro del Movimiento Cultural Cristiano, hecho que coincidió con la Navidad. Fue posteriormente el TSJ el que no solo confirmó la ilegalidad, sino que sancionó con 3.000 euros al Ayuntamiento.


http://www.elnortedecastilla.es/20121025/local/valladolid/condena-ayuntamiento-valladolid-impedir-201210251321.html

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